REPÚBLICA DOMINICANA

Estudio sobre las “Condiciones de Vida de las Personas que Trabajan en el Sector de Transporte Urbano de Pasajeros/as en la República Dominicana” con especial énfasis en el Gran Santo Domingo, para la identificación de necesidades y propuestas de políticas públicas de trabajo y protección social.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Expresión de Interés

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (el MEPyD) ha recibido financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (la AFD), Convenio de Financiamiento No. CDO 1046 01 M, y tiene la intención de utilizar este monto para efectuar los pagos relativos al proyecto [Estudio sobre las “Condiciones de Vida de las Personas que Trabajan en el Sector de Transporte Urbano de Pasajeros/as en la República Dominicana” con especial énfasis en el Gran Santo Domingo, para la identificación de necesidades y propuestas de políticas públicas de trabajo y protección social].
Los Servicios del Solicitante tendrán por objeto:
• Apoyar al MEPyD en la realización del Estudio socioeconómico requerido sobre los/las trabajadores/as informales del transporte urbano de pasajeros/as en el Gran Santo Domingo, incluyendo la identificación de necesidades de políticas públicas y propuestas de medidas desde las políticas de trabajo y protección social.
• Orientar el diseño de políticas y acciones públicas – económicas, sociales y sectoriales - que mejoren las condiciones de vida de las personas que viven del sector transporte urbano de pasajeros/as en el país, con especial énfasis en el Gran Santo Domingo, a partir de un estudio de caracterización socioeconómica de esta población y un diagnóstico del sector, así como el análisis del contexto político e institucional vinculado a las principales problemáticas de desprotección social en el mismo y de la demanda de políticas públicas en este respecto. Mediante la aplicación de una encuesta a trabajadores/as del transporte urbano de pasajeros, así como de otras técnicas cuantitativas y cualitativas, el Estudio identificará y analizará las brechas económicas y sociales claves de esta población.
• Elaborar el diseño metodológico del Estudio, con asesoría de los especialistas del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y del Viceministerio de Análisis Económico y Social (VAES) del MEPyD integrando los instrumentos de recolección y técnicas cuantitativas y cualitativas que permitan evaluar las condiciones de vida de las personas y hogares que viven del sector transporte urbano de pasajeros/as, así como el funcionamiento del mismo, en el Gran Santo Domingo, identificando las necesidades, y demandas de políticas públicas y el rol de los diferentes actores claves del sector público y privado vinculados.
• Realizar un diagnóstico inicial, a partir de la identificación, recopilación y análisis de fuentes secundarias de información relevantes, en al menos tres fuentes, indicativos no limitativos, la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central (ENCFT), Tesorería de la Seguridad Social (TSS), los registros del INTRANT; y consultas con informantes claves, en torno a la situación socioeconómica de las personas que viven del sector transporte urbano de pasajeros/as en la República Dominicana (a nivel nacional y especialmente del Gran Santo Domingo), los principales problemas vinculados a su protección social y la demanda de políticas públicas en este respecto. Este diagnóstico debe integrar a grandes rasgos: un análisis de contexto, mapa preliminar de actores claves, árbol de problemas y propuestas de soluciones, fuentes de información a explorar para continuar profundizando el estudio de esta temática en el país. Interesa aproximar diferencias del impacto de la pandemia en la condición socioeconómica de trabajadores/as informales y formales en el sector transporte público dominicano.
• Elaborar el diagnóstico específico de caracterización del sector transporte urbano de pasajeros en el Gran Santo Domingo y su funcionamiento, a partir de la encuesta y técnicas cualitativas aplicadas al sector, que incluyan los siguientes aspectos:
o Oferta de transporte y flota de vehículos en operación (tipo, edad, estado),
o Organización, actores (sindicatos, artesanos, propietarios…), licencias de operación,
o Modelo financiero simplificado (principales ingresos y costos),
o Impacto del COVID-19,
o Principales desafíos, oportunidades y amenazas,
o Empleos generados por el sector con sus respectivas características en términos de:
 Número.
 Perfil de las personas empleadas (edad, sexo, antigüedad en la posición, nivel educativo, situación familiar…).
 Ingresos (montos, variabilidad…).
 Horarios de trabajo.
 Condiciones de protección social (salud, pérdida de empleo, jubilación, etc.).
 Condiciones de trabajo, exposición a accidentes / enfermedades de trabajo, riesgos asociado labores.
 Perspectivas de evolución.
• Derivar un análisis sobre los principales desafíos y lecciones aprendidas para orientar la priorización de problemáticas y propuestas de abordaje desde las políticas públicas.
• Proponer medidas de política pública tendentes a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven del sector transporte urbano de pasajeros/as y sus familias.
• Elaborar un informe con los resultados de este Estudio, así como presentarlos a las entidades públicas claves vinculadas a las medidas de política públicas propuestas.
El Estudio se desarrollará en un período de seis (6) meses, a nivel nacional de la República Dominicana con énfasis en el Gran Santo Domingo, por un presupuesto estimado no superior a los 193,000€.

Perfil requerido de las aplicaciones:
 Firma consultora especializada en estudios socioeconómicos y caracterización de condiciones de vidas y medidas de políticas sociales, con experiencia sustantiva en las áreas de protección social, mercado laboral, seguridad social, transporte urbano y áreas afines.
 Amplio conocimiento de la normativa e institucionalidad vinculada al mercado laboral, la seguridad social, programas de reforma, para el sector del Estudio.
 Amplio conocimiento del sector transporte dominicano sus principales problemáticas, se apreciará experiencia realizadas sobre el sector en otros países.
 Manejo avanzado de enfoque de derechos, inclusión, poblaciones vulnerables y perspectiva de género.
 Experiencia de elaboración de por lo menos cinco (5) estudios e informes vinculados al área de la consultoría, se apreciará experiencias y conocimientos previos en otros países.
 Manejo avanzado de técnicas participativas, levantamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de información.
 Dominio avanzado de análisis de datos e información para la redacción de Informes de estudios.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) invita a los Solicitantes a expresar su interés por proporcionar los servicios arriba descritos, de cuyo proceso se espera la selección de una Lista Corta, para remitir los Documentos a presentar propuestas.
Los Criterios de Elegibilidad para financiamiento de la AFD se establecen en la Subcláusula 1.3 de las "Normas de Adquisiciones para Contratos Financiados por la AFD en Países Extranjeros", disponibles en el sitio web de la AFD http://www.afd.fr (https://www.afd.fr/es/ressources/normas-de-adquisiciones-para-contratos-financiados-por-la-afd-en-paises-extranjeros)
Los Solicitantes no pueden presentar sino una única solicitud a nombre propio o como miembro de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA). Si un Solicitante (incluso un miembro de una APCA) presenta o participa en varias solicitudes, éstas serán rechazadas. En cambio, un mismo Subconsultor puede participar en varias solicitudes.
Si el Solicitante es una APCA, la Expresión de Interés debe incluir una copia del Convenio de APCA celebrado entre todos los miembros o una Carta de Intención para celebrar un convenio de APCA firmada por todos los miembros, en ambos casos especificando el miembro líder de la APCA así como la responsabilidad solidaria entre sus miembros.
Ante la ausencia de este documento, los demás miembros serán considerados como Subconsultores.
Las experiencias y calificaciones de los Subconsultores no se tienen en cuenta en la evaluación de las solicitudes (Expresión de Interés).
Los Solicitantes interesados deben presentar las informaciones que demuestren que están debidamente calificados y experimentados para llevar a cabo los presentes Servicios. Al respecto, deberán justificarlo con referencias de prestaciones recientes similares e información que indique que cuenta con el Perfil Requerido para el Estudio.

La característica similar de sus experiencias se evaluará en función:
De la magnitud de los contratos realizados;
− De la naturaleza de los Servicios
− De la Experiencia similares en estudios de caracterización de la población económicas, sociales y sectoriales que mejoren las condiciones de vida de las personas, con énfasis en personas que viven del sector transporte urbano de pasajeros/as en el país.
− Del sector técnico, en particular diseño de programas sociales, políticas públicas.
− Experiencia internacional de prestación de servicios fuera del país del consultor en contextos similares al de la República Dominicana.
El Cliente también examinará la pertinencia de la Expresión de Interés en función de la siguiente información:
− Competencia y disponibilidad interna para brindar asesoría técnica a los expertos locales.
El MEPyD preparará una Lista Corta de máximo seis (6) Solicitantes, preseleccionados a partir de las solicitudes recibidas, a los que enviará los Documentos de Solicitud de Propuestas relativos a la elaboración de los Servicios requeridos.
Las Expresiones de Interés deberán remitirse hasta el viernes 4 de noviembre, 2022, en a la dirección que se indica a continuación:

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
Dirección General de Cooperación Bilateral del Viceministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Av. México No.45, esq. Dr. Delgado, Distrito Nacional
Edificio de las Oficinas Gubernamentales, Bloque A
Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Tel. 809-688-7000 Ext. 2297

Correo: ncordero@economia.gob.do y melissa.jimenez@economia.gob.do

Los Solicitantes interesados pueden solicitar más información en la dirección proporcionada, en el horario de: 8:00 am a 4:00 pm

Apéndice de la Expresión de Interés
(A entregarse firmada con la solicitud, sin modificación del texto)
Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social
Nombre de referencia de la oferta o propuesta: Consultoría para el estudio sobre las “Condiciones de Vida de las Personas que Trabajan en el Sector de Transporte Urbano de Pasajeros/as en la República Dominicana” con especial énfasis en el Gran Santo Domingo, para la identificación de necesidades y propuestas de políticas públicas de trabajo y protección social (el "Contrato").
A: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) (la "Autoridad Contratante")

1. Reconocemos y aceptamos que la Agence Française de Développement (la "AFD") sólo financia los proyectos de la Autoridad Contratante sujeta a sus propias condiciones, las cuales están determinadas en el Convenio de Financiamiento que beneficie directa o indirectamente a la Autoridad Contratante. Por consiguiente, no existen vínculos de derecho entre la AFD y nuestra empresa, nuestra Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores. La Autoridad Contratante mantiene la responsabilidad exclusiva de la preparación y aplicación del procedimiento de adquisición y ejecución del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, según sea el caso, para la adquisición de bienes, obras, plantas, servicios de consultoría o servicios de no consultoría.
2. Certificamos que no estamos, ni está ningún miembro de nuestra APCA ni de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores en ninguno de los casos siguientes:
2.1 Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;
2.2 De haber sido objeto:
a) de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) en el país donde el Contrato se implementa, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco de la adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal condena, disponemos de la posibilidad de adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato);
b) de una sanción administrativa pronunciada hace menos de cinco años mediante la Unión Europea o las autoridades competentes del país donde estamos constituidos, por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal sanción, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta sanción no es pertinente en el marco del Contrato);
c) de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia en firme (res judicata) por fraude, corrupción o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD;
2.3 Figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/ o Francia, en particular dentro de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra los atentados a la paz y la seguridad internacional;
2.4 Haber sido objeto de una rescisión de contrato pronunciada por causales atribuibles a nosotros mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato anterior, excepto si (i) esta rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de ellos;
2.5 No haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país donde estamos constituidos o las del país de la Autoridad Contratante;
2.6 Estar sujeto una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial y por este concepto figurar en la lista publicada en la dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr (en el supuesto de dicha decisión de exclusión, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permita estimar que esta decisión de exclusión no es pertinente en el marco del presente proceso de adquisición);
2.7 Haber producido falsos documentos o ser culpable de falsa(s) declaración(es) al proporcionar los datos exigidos por la Autoridad Contratante en el marco del presente proceso de adquisición y adjudicación del contrato.
3. Certificamos que no estamos, ni está ningún miembro de nuestra APCA ni de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, en ninguna de las situaciones de conflicto de interés siguientes:
3.1 Accionista que controle a la Autoridad Contratante o una filial controlada por la Autoridad Contratante, salvo que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y se haya resuelto a su propia satisfacción.
3.2 Tener negocios o relaciones familiares con un funcionario de la Autoridad Contratante implicado en el proceso de adquisición o en la supervisión del contrato que resulte, salvo que el conflicto resultante haya sido puesto a conocimiento de la AFD y se haya resuelto a su propia satisfacción;
3.3 Controlar o estar controlado por otro oferente o consultor, estar bajo control común con otro oferente o consultor, recibir de o conferir a otro oferente o consultor directa o indirectamente subsidios, tener el mismo representante legal que otro oferente o consultor, mantener contactos directa o indirectamente con otro oferente o consultor que nos permita tener o dar acceso a información contenida en nuestras solicitudes, ofertas o propuestas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la Autoridad Contratante;
3.4 Encontrarse en un servicio de consultoría que, por su naturaleza, pueda resultar incompatibles con los servicios que se llevarán a cabo para la Autoridad Contratante;
3.5 En el caso de un proceso de adquisición para bienes, obras o plantas:
a) Haber preparado o haber estado asociados con un consultor que haya preparado especificaciones, planos, cálculos o cualquier otra documentación utilizada para el proceso de adquisición;
b) Haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o propuestos a ser contratados por la Autoridad Contratante para efectuar la supervisión o inspección de las obras en el marco del Contrato.
4. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en este proceso de adquisición, certificamos que somos financiera y económicamente autónomos y que nos regimos por las normas del derecho comercial.
5. Nos comprometemos a comunicar a la Autoridad Contratante, el cual informará a la AFD, cualquier cambio de situación relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.
6. En el contexto del proceso de adquisición y ejecución del contrato correspondiente:
6.1 No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por acción u omisión) destinadas a engañar deliberadamente a un tercero, a ocultarle intencionalmente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerle eludir sus obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar sus normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.
6.2 No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por acción u omisión) contrarias a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.
6.3 No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, directa o indirectamente, a (i) cualquier Persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial dentro del Estado de la Autoridad Contratante, que haya sido designada o elegida, a título permanente o no, que esté remunerada o no y cualquiera que sea su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra Persona que ejerza una función pública, incluso para una institución del estado o entidad de propiedad estatal, o que preste un servicio público, o (iii) cualquier otra Persona definida como Funcionario Público por las leyes del Estado de la Autoridad Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra Persona o entidad, para que ese Funcionario Público lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.
6.4 No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, directa o indirectamente, a cualquier Persona que ocupe una posición ejecutiva en una entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, cualquiera sea en calidad de que lo hace, una ventaja indebida de cualquier tipo, para ella misma o para otra Persona o entidad, con el fin de que lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en violación de sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.
6.5 No hemos cometido ni cometeremos ningún acto que pueda influir sobre el proceso de adjudicación del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, particularmente, ninguna Práctica Anticompetitiva que tenga por objeto o por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia, con la clara intención de limitar a otros participantes el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por otras empresas.
6.6 Ni nosotros, ni ninguno de los miembros de nuestra APCA, ni ninguno de los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, vamos a comprar o suministrar material, ni vamos a intervenir en sectores que estén bajo embargo de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia.
6.7 Nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir al conjunto de nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, las normas ambientales y sociales internacionales, consistentes con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato, incluyendo los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados ambientales internacionales. Además, nos comprometemos a implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales, cuando se indican en el plan de gestión ambiental y social que provee la Autoridad Contratante.
7. Nosotros, así como los miembros de nuestra APCA y nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, autorizamos a la AFD a que examine cuentas, archivos y otros documentos relativos al proceso de adquisición y a la ejecución del contrato y que los someta a una auditoría por auditores designados por la AFD.
Nombre: Como:
Debidamente habilitado a firmar en nombre de :
Firma:
En la fecha: